Retos para diseñar y evaluar políticas públicas migratorias en México

Brenda Valdés Corona

Coordinadora Ejecutiva del Programa de Periodismo del CIDE

Publicado en Animal Político el 22 de noviembre de 2019

Una base de información confiable que permita cuantificar en tiempo real el volumen del flujo migrante sería una excelente herramienta para diseñar políticas, planes y programa basadas en evidencia.​

La movilidad humana no debería ser considerada como un problema, sino como un hecho histórico y un fenómeno social que caracteriza nuestro mundo en la era de la globalización. Para el caso mexicano la política pública ha sido restrictiva y caracterizada por la situación geopolítica de este país, tan cercano al gran vecino del norte y tan lejos de Dios como versaba el refrán porfiriano. Mencionaré al menos dos aristas de los desafíos a vencer: la coordinación interinstitucional que requiere reunir múltiples fuentes informativas en plataformas digitales y el abordaje de la política migratoria desde el paradigma de la seguridad nacional.

La elaboración de planes, programas especiales y políticas migratorias para atender a todos los flujos que componen la movilidad humana en nuestro país se ha caracterizado por no diseñarse con base en la evidencia. Esto representa un verdadero problema para operar la coordinación interinstitucional si pensamos en intervenciones que se realizan con base en estimaciones. En particular para el tema de migrantes en tránsito, que es sólo una de las 4 fases de la elipsis migratoria, no es posible atender a este grupo poblacional por las múltiples fuentes de información no compartidas que existen en diversas instancias públicas. Tener una base de información confiable que permita cuantificar en tiempo real el volumen del flujo sería una excelente herramienta para diseñar políticas, planes y programa basadas en evidencia. La Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores y las oficinas estatales o municipales de atención a migrantes serían las responsables -dentro de sus alcances institucionales- de generar y compartir estas fuentes informativas.

Resulta un lugar común advertir que la política migratoria ha sido enmarcada en un paradigma de seguridad nacional. Hasta hace muy poco que se introdujo una reforma a la Ley de Migración (aprobada en 2011) que considera también a la seguridad humana como principio rector de la política migratoria mexicana -al menos en el papel-. Las detenciones incrementadas a partir del despliegue de la Guardia Nacional para contener los migrantes han provocado una serie de observaciones de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quien se ha manifestado preocupado por “la reciente política migratoria implementada por el Estado parte, en que se recurre al uso generalizado de la detención, y muchas veces, al uso de la fuerza por parte de agentes estatales. Además, preocupa al Comité que la política de contención orilla a las personas migrantes hacia rutas más peligrosas que aumentan el riesgo de sugerir un delito” (párrafo 32, página 8).

Una estrecha relación debe existir entre el diseño y la evaluación de la política migratoria. Los retos principales no pasan solo por incidir en el marco normativo que rige el tema sino pedir que la política se aleje de los prejuicios y se acerque a la evidencia.  Para muestra un par de botones: menores migrante que no encuentran alternativa a la detención y que siguen siendo expulsados por los contextos de violencia generalizada en Mesoamérica y una marcada externalización de frontera que somete a México a intercambiar migrantes por aranceles.

En la lógica de una verdadera gobernanza migratoria hay que considerar las causas estructurales de las migraciones contemporáneas, promover los regímenes o espacios de libre circulación sobre todo de carácter laboral que permitan aumentar las oportunidades de trabajo digno sin discriminación y, finalmente promover el ejercicio de una ciudadanía plena no importando el país en el que una persona se encuentre.

Órganos consultivos de las dependencias de la administración pública federal encargadas de atender a la población migrante han contribuido corresponsablemente en el seguimiento a los programas implementados por el Instituto Nacional de Migración (INM). En estos espacios colegiados se ha dialogado con organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia para encontrar alternativas a políticas migratorias que privilegian un sistema detención-deportación sobre una serie de medidas coordinadas intersectorialmente y en múltiples niveles de gobierno. Lamentablemente la realidad y una narrativa dominante que considera al migrante como ese “otro” que amenaza el bienestar de nuestra sociedad se imponen. La evaluación de las políticas migratorias implementadas por nuestro país puede ofrecer lecciones a otros países con condiciones geopolíticas comparables e intercambiar buenas prácticas basadas en evidencia que muestren que otra forma de diseñar políticas migratorias es posible.

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Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas

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