La primera evaluación de los programas prioritarios: ¿qué nos deja este ejercicio?

Carolina Romero y Jorge Luis González

CLEAR

 

Los programas analizados presentan fallas en su diseño e implementación, pero siempre justo ese es uno de los objetivos del monitoreo y la evaluación: indicar qué y cómo se puede mejorar.

El lunes pasado, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó los resultados de las evaluaciones realizadas a los 17 programas prioritarios de la administración pública federal. Se trata de las primeras evaluaciones a los programas de nueva creación de esta administración, en un contexto donde el paradigma y los nuevos o rediseñados instrumentos de la política social fueron puestos en marcha.

Con estos ejercicios de carácter cualitativo, no se buscó calificar los resultados de los programas ni a las unidades que los operan, sino que se tuvo el objetivo de generar información que permitiera mejorar el diseño de los programas, considerando el contexto en el que operaron durante su primer año de implementación.

En la presentación realizada por el Consejo se mencionó que las evaluaciones, por un lado, encontraron importantes áreas de oportunidad trasversales a la mayoría de los programas prioritarios como que su diseño se fue definiendo a la par de su implementación; que la operación se llevó a cabo con recursos físicos y humanos limitados; que las poblaciones de los programas y la definición de los problemas que atienden son perfectibles; que se presentan limitantes en la bancarización de la población atendida, o que existieron recortes presupuestales y cambios a la normatividad durante la operación que pudieron incidir desfavorablemente.

Por otro lado, se destacaron importantes fortalezas presentes durante el primer año de operación como la focalización de los apoyos a poblaciones vulnerables; la entrega de apoyos con un enfoque territorial; la utilización de información disponible hasta el momento de la creación de los programas para identificar beneficiarios; el uso de plataformas en línea como base para la operación, así como la capacidad de adaptación de los operadores.

Los hallazgos son aprendizajes para todos y deben de servir como base para entender cuál es el rol de la evaluación dentro de la nueva política social.

Desde la opinión pública, no se puede radicalizar la perspectiva para afirmar que la política social ha fracasado o es perfecta. Es cierto, los programas analizados presentan fallas en su diseño e implementación, pero siempre todo es perfectible. Justo ese es uno de los objetivos del monitoreo y la evaluación: indicar qué y cómo se puede mejorar. También, se debe de entender que en esta, como en cualquier otra administración, el primer año está lleno de aprendizajes que van “aceitando” la operación y mejorando los procesos.

Además, se deben conocer los estudios a profundidad y de manera independiente, pues existen fortalezas, áreas de oportunidad y recomendaciones que se moldean a las características de cada programa. Es necesario leer los informes completos y no limitarse solo a los apartados de las recomendaciones y las posiciones institucionales. Coneval publicó todos estos detalles en su página acá.

Desde el gobierno, no se debe ver a la evaluación como un ejercicio para buscar fallas, promover la desaparición o descalificar las intervenciones. No se debe ver a la evaluación como una pelea entre “técnicos y rudos”, como un elemento del sistema neoliberal o como un vestigio de las administraciones pasadas que se debe erradicar. La evaluación debe ser vista como una aliada para la mejora. Es verdad: nadie conoce mejor los elementos de un programa que sus propios operadores, pero esto no implica que se no se generen aprendizajes con las evaluaciones. Los responsables de los programas deben de tener la mayor apertura para que los evaluadores y los ciudadanos tengamos acceso público a la información y podamos evaluar los resultados.

También, los programas deben entender la importancia de incorporar procesos como el seguimiento beneficiario, a pesar de los pocos recursos. Hay que contar con mecanismos operativos, instrumentos metodológicos y personal para recabar información que permita monitorear y evaluar qué tan efectivo está siendo el programa y cuáles son sus resultados. ¿Cómo sabremos que esta administración lo hizo bien si desde ahora no se recolecta información que nos permita estudiar los cambios?

Finalmente, quienes nos dedicamos a evaluar programas presupuestarios debemos adaptarnos a la nueva composición de la política social, con instrumentos y estructuras diferentes y con cambios en las estrategias operativas. A estos 17 programas se les destinan miles de millones de pesos y hay que exigir con evidencia que se gaste bien y que se logren los resultados esperados; sobre todo, tras la llegada de la COVID-19, cuando los recursos serán limitados y se prevé que se agraven los problemas sociales y económicos. Debemos generar evidencia sobre su funcionamiento y cómo mejorarlos, para ello, necesitamos más evaluación, no menos.

Publicado en Animal Político el 10 de julio de 2020

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