Evaluación del impacto del Coronavirus: ¿serán eficaces las políticas públicas que se están desarrollando en España ante esta crisis global?

 

La pandemia del COVID-19, aún en fase de expansión, provocará graves e inciertas consecuencias en España y en el mundo a nivel económico, social y de toda índole. Las políticas y actuaciones públicas que se están poniendo en marcha serán objeto de evaluación en los próximos años. El Diario de la Evaluación ha consultado la opinión de personas expertas en evaluación para conocer su punto de vista. 

Daniel Catalá

Universitat Politécnica de Valencia

Antonio Igea

Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas

Estamos asistiendo a la puesta en marcha por el gobierno de España de una serie de medidas y ayudas para luchar contra la grave crisis desencadenada por el coronavirus, a las que se suman otras de las comunidades autónomas y administraciones regionales o locales, y que están en línea con las que han tomado otros gobiernos europeos; aunque todavía sin una respuesta más ágil, clara, única y coordinada a nivel europeo y mundial a este problema global. Es indudable que todos los países van a tener que poner y hacer mucho para combatir y vencer a este virus que está teniendo - y tendrá - cuantiosos y muy diversos impactos, algunos incluso hoy desconocidos e inesperados, de índole social, humanitaria, laboral, económica, sanitaria, medioambiental, tecnológica, e incluso emocional, ... en las personas, grupos, comunidades, organizaciones, regiones, países o el planeta en su conjunto. De ahí que sea todavía una incógnita la hondura y alcance real de esta crisis y cuánto tiempo se prolongará.

 

En este contexto de incertidumbre e intensa “producción” de acción pública, me gustaría resaltar que también desde la comunidad evaluadora podemos y debemos ayudar a incrementar los logros y éxitos de estas medidas mediante el impulso y desarrollo de unas buenas prácticas y herramientas de evaluación. Esto es, útiles, sólidas, independientes y justificadas; y donde, además, sus conclusiones y resultados puedan ser trasladados y servir de aprendizaje en otras posibles situaciones, contextos, países o incluso a políticas o medidas diferentes.

 

Esta evaluación de calidad debe ofrecer datos útiles y fiables que ayuden a la toma de decisiones desde la evidencia por parte de nuestros políticos y responsables públicos, favorecer la necesaria rendición de cuentas sobre lo que se ha hecho y logrado - o no - con los ingentes recursos económicos, materiales y humanos que se están destinando, facilitar la transparencia ante la ciudadanía y su participación y, por último, promover los procesos de aprendizaje para mejorar los ciclos de acción pública. Es relevante apuntar que la efectividad de nuestros gobiernos va a depender de que sus decisiones surjan de buenos análisis de los problemas a los que se enfrentan, de seleccionar las mejores y viables soluciones, de que sean implementadas con eficacia y sean objeto de un seguimiento y evaluación de calidad. Ello ayudará a proveer el mayor bienestar y velar por la calidad de vida de la ciudadanía.

 

Para acabar, decir que siempre, pero de forma muy especial en los contextos cada vez más convulsos, inciertos y cambiantes en los que deben desenvolverse nuestros gobiernos y administraciones, la evaluación no debe ser sólo una exigencia social sino también una necesidad política y un importante apoyo a la gestión pública para la generación de valor público.

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