La Evaluación ante la Covid-19

Dra. Arlette Pichardo

Catedrática de la Universidad Nacional de Costa Rica

3 de mayo de 2020

De mi maestra Maritza Izaguirre, Funcionaria del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Ministra de Planificación en Venezuela, hace ya varias décadas aprendí a distinguir tres (3) momentos en la evaluación: ex ante, concurrente y ex post (esto es: antes, durante y después de la ejecución).

 

Ella, formada en la tradicional anglosajona, que concibe y aplica a la evaluación como una función de supervisión externa de programas financiados por fondos gubernamentales, de ahí el énfasis en mecanismo de verificación de la efectividad de tales programas y, por tanto, su concepción de evaluación ex post, pudo apartarse de esa visión convencional –que, como toda concepción, responde a su época– quizás porque había empezado a leer con otros ojos a la Maestra de Maestras: Carol Weiss, quien plantea a la evaluación como una vía de triple uso: instrumental, conceptual y persuasivo (1998)

 

Antes de la llegada de COVID-19, parecía existir consenso generalizado que un propósito fundamental de la evaluación es que sus usos proporcionen información y contribuyan con definiciones, con el fin último de incidir en la toma de decisiones. Entonces, no es necesario esperar que ejecución alguna finalice para que se constituya en objeto de evaluación. Más aun, la evaluación como práctica, en su significación sustantiva y sentido esencial, durante la ejecución se convierte en un instrumento de mejora, contribuyendo en la creación de condiciones para identificar y proponer medidas correctivas; mientras que, antes de la ejecución se erige como un instrumento para mejor decidir, previendo incluso la necesidad de introducir medidas preventivas. Sin dejar de reconocer que cada uno de los momentos de la evaluación, por su propia naturaleza, asume énfasis diferenciados en su ejercicio y resultados.

 

De otra parte, el impacto –por definición huella o señal– (https://dle.rae.es/impacto) implica una manera diferente de hacer evaluación. En busca de tejidos de eventos, conexiones y ligámenes, configuración de vínculos y entrelazamientos entre acciones, interacciones y retroacciones. De ahí que a la evaluación del impacto le asisten un conjunto de propiedades que la diferencia y distingue de la visión convencional del ejercicio evaluativo y otras prácticas conexas, aunque las involucra y trasciende, más allá de la mera cuantificación de productos (con independencia de los alcances), la comparación exclusiva entre el cumplimiento de metas preestablecidas versus ejecuciones realizadas (sin prestar importancia a la valoración de calidad), la identificación de cadenas de resultados en forma lineal (sin advertir efectos “ocultos” y cruzados) y la toma de decisiones (legislativas, ejecutivas e institucionales) sin valoración previa de pertinencia, oportunidad y viabilidad (inicial y resultante).

 

Sí admitimos, aunque sea en forma provisoria, que la evaluación –por definición– implica ´estimar, apreciar, calcular el valor de algo´ (https://dle.rae.es/algo) ese “algo” puede ser la toma de decisiones; por tanto no se requiere esperar la aparición o configuración completa del impacto de COVID-19 en toda su magnitud para empezar su evaluación (como se afirmaba en décadas tras anteriores) como tampoco limitar o restringir el uso del concepto como un criterio de evaluación entre varios y mucho menos reducirlo de manera exclusiva a la valoración de resultados observados en la población destinataria de programas específicos.

 

Para muestra un botón. El impacto generalizado de COVID-19, no es por la pandemia en sí misma (de hecho, el mundo ha sido azotado por distintas otras epidemias, incluso de la misma familia que el coronavirus, y no han tenido los efectos de la actual pandemia), sino porque hasta el momento –dado el alto riesgo de propagación y contagio y la peligrosidad de sus complicaciones– la principal estrategia de atención se cifra en el confinamiento domiciliario –mejor conocido como cuarentena–

 

A manera de ejemplo, a propósito de la evaluación del impacto. La educación remota o a distancia, en este contexto, se erige como la alternativa para dar continuidad a la instrucción formal y no formal. Con una visión optimista se puede argumentar que implica una profundización/mejoramiento del manejo y aprovechamiento de tecnologías digitales de información y comunicación, y efectivamente así es. No obstante, desde un enfoque de derecho salta a la vista la desigual capacidad de acceso a recursos de los núcleos familiares y la distancia entre personas nativas de la tecnología e inmigrantes digitales. Desde una perspectiva de calidad, las clases impartidas desde plataformas tecnológicas en el mejor de los casos cumplen esencialmente con la función de trasmisión de conocimientos, especialmente cuando se recurre a ellas en situación de emergencia, sin posibilidad de llevar a cabo en todos sus alcances el necesario proceso de cuidadosa planificación, y la internalización de sus usos, con flexibilidad y capacidad de adaptación. Entonces, ¿tendremos que esperar que pasen varios años para evaluar el impacto de COVID-19 en la calidad de la educación? La evaluación del impacto es hoy, no mañana. La identificación e incorporación de medidas (de contingencia, mitigación, afianzamiento y compensación) es ahora, no después. Efectivamente es el tiempo de la evaluación de la política pública.

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